IP inmersa en sistema penitenciario desde el 2010

IP inmersa en sistema penitenciario desde el 2010

*Busca PAN mejorar APP en Tamaulipas

Daisy Verónica Herrera Medrano
Reportera

La inclusión de capitales privados en la administración de las cárceles mexicanas, data desde el año 2010, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció la construcción de 12 cárceles bajo el esquema de Asociación Pública-Privada (APP) en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y la Zona metropolitana de Hidalgo y el Estado de México.

Ese mismo año, el Gobierno Federal otorgó ocho Contratos de Prestación de Servicio (CPS), a empresas mexicanas para la construcción y concesión de Centros Penitenciarios de índole federal y dos más para la construcción y mantenimiento de los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP) I y II en la Ciudad de México.

La intención de generar esta mezcla de recursos era abatir el hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión al interior de los centros penitenciarios, por lo que, el mecanismo que se aplicó a través de los CPS, fue que la empresa privada se encargó de construir y gestionar el centro penitenciario durante dos o tres décadas, según se precisó en cada caso.

Después del plazo definido, la empresa se compromete a ceder el centro al Estado, asume los servicios de alimentación, mantenimiento, educación, deporte, recreación, recibiendo a cambio de esta prestación un pago del Estado por cada uno de los lugares de la capacidad instalada.

En todo momento el Estado conserva la seguridad del centro y la custodia de los internos, así como los servicios de salud, pues el origen de este esquema, según anunció Felipe Calderón fue ”potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario federal y asumir en instalaciones federales la custodia de la totalidad de la población del fuero federal”.

A seis años de la inclusión de la IP en el sistema penitenciario nacional, la Universidad Iberoamericana Puebla y México Evalúa, entre otras organizaciones, realizaron en 2016, un estudio denominado “Privatización del sistema penitenciario en México”, en donde advierte lo endeble de utilizar APP en la construcción de cárceles.

Este estudio incluye la investigación sobre nueve de los centros de reclusión construidos con capital privado de 2010 a 2016: el Cefereso 15 de Chiapas, Cefereso Femenil de Ramos Arizpe en Coahuila; el Centro varonil de seguridad penitenciaria I y el II en la Ciudad de México. Cefereso 14, en Durango; Cefereso 12, en Guanajuato; Cefereso Buena Vista Tomatlán, en Michoacán; Cefereso femenil 16 en Morelos; Cefereso femenil 13 en Oaxaca y el Cefereso 11 en Sonora.

Como resultado advierte que los esquemas de privatización se convirtieron “en acciones poco transparentes que, además, se dan en un contexto de corrupción en el sector de la construcción, incluso originado desde la legislación” y que por consiguiente, la opción de privatización, sin profundizar en sus alcances, podría agravar la condición crítica del actual sistema penitenciario.

LAS MEJORAS QUE EL PAN PLANTEA
En Tamaulipas desde el año 2010, se cuenta con una Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de de Tamaulipas, mediante la cual se realizaron importantes obras de infraestructura pública como el Parque Bicentenario en Ciudad Victoria.

Esta legislación pretende ser perfeccionada con la iniciativa que el 31 de Octubre de 2017, promovió la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, para mejorará la participación de las asociaciones público privadas en proyectos productivos del Estado, así como una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Esta iniciativa cuyo estatus es “en estudio”, generan mejores condiciones de certidumbre al sector privado interesado en participar en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la provisión de servicios públicos, permitiendo establecer una distribución de riesgos más eficiente, promover
la competencia en las licitaciones y mejorar las condiciones de financiamiento para las obras de infraestructura.

Además dota de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos, con el fin de fortalecer la economía local y a su vez generar mejores servicios públicos, puesto que se fomentan las inversiones y se crea una mejor infraestructura para el bienestar social.

La iniciativa que firma el Grupo Parlamentario del PAN, argumenta también que a mayor participación de la sociedad civil en las referidas actividades hay un reflejo y un beneficio directo en la reducción de los índices de corrupción y, en consecuencia de impunidad; es decir, a mayor participación de la sociedad civil en las actividades públicas, mayor nivel cultural y mayor crecimiento económico.