Acarrea Maki Ortiz a ciudadanos para presionar por su reelección

Acarrea Maki Ortiz a ciudadanos para presionar por su reelección

 

 

Cd. Victoria, Tam.

Con 10 autobuses para acarrear a habitantes de distintas colonias y una caravana de vehículos particulares de funcionarios de su administración, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez acudió este sábado a las oficinas del PAN Estatal para que le echaran porras durante su registro como aspirante a la reelección a la alcaldía.
Los camiones contratados para la movilización de ciudadanos que conforman los distintos comités de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, fueron rellenados por personas que previamente recibieron la indicación desde el Ayuntamiento para que cumplieron con acompañar a la alcaldesa en este viaje.
Los funcionarios se encargaron de verificar que las personas enlistadas, quienes reciben apoyos diversos del municipio, cumplieran con la orden de estar a la hora y lugar de la salida desde Reynosa.
Los autobuses tenían en el parabrisas el nombre de la colonia a la que pertenecían los tripulantes.
Con gritos y porras, hicieron su arribo a a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, como una medida de presión a los directivos del partido para que resulte electa como candidata a la presidencia municipal por segunda ocasión.
La desesperación invade a Maki Ortiz Domínguez, luego de que los escándalos públicos en que se han visto involucrados funcionarios de su Gobierno por la falsificación de documentos, para poder incorporar a personas que no cumplían con los requisitos de ley para ser servidor públicos.
Además, una investigación periodística dejó al descubierto como su esposo, Carlos Luis Peña Garza, es el dueño de cantinas y cuarterías donde se ejerce la prostitución de menores y jovencitas, algunas centroamericanas.
Al estar estos hechos en contra de los principios básicos del PAN y que pueden no sólo dejarla fuera de cualquier posibilidad de recibir el aval para la reelección, su temor se acrecenta y más cuando existen varios funcionarios de su administración bajo proceso por delitos cometidos siendo servidores públicos.