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Argentina se declara en emergencia alimentaria

El Congreso de Argentina aprobó este miércoles prorrogar por tres años la ley de emergencia alimentaria, una iniciativa que reclamaban diversas organizaciones sociales ante el agravamiento de la crisis económica que vive el país. El proyecto impulsado por la oposición, que ya había sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, recibió hoy por unanimidad el visto bueno del Senado.

La ley de ‘emergencia alimentaria’, una iniciativa que busca ampliar la asistencia estatal a comedores comunitarios y escolares, ante el aumento de la pobreza.

La iniciativa, que en ambas Cámaras fue debatida en sesiones especiales, sin discusión previa en comisiones ante la urgencia del asunto, establece extender hasta finales de 2022 la ley de emergencia alimentaria decretada en 2002, tras la grave crisis del 2001, y cuya última prórroga caducaba en diciembre próximo.

La sesión de este miércoles en el Senado estuvo precedida por una movilización ante las puertas del Congreso de miles de integrantes de organizaciones sociales que reclamaban la aprobación de la norma ante el recrudecimiento de la crisis económica.

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Las protestas en las calles de estas organizaciones han crecido desde agosto, cuando la inflación se aceleró y la recesión se profundizó en medio de severas turbulencias financieras desatadas tras las elecciones primarias. Desde entonces, el consumo se desplomó, la afluencia a comedores sociales creció y las “ollas populares” en las calles se instalaron como una imagen del reclamo por paliar la crisis.

“El hambre ya se ha instalado en Argentina”, aseveró en el pleno la senadora peronista Beatriz Mirkin, quien, como el resto de los legisladores opositores, cuestionó seriamente las políticas económicas del Gobierno.

La norma aprobada hoy impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y establece un incremento de al menos el 50% en las partidas presupuestarias de este año destinadas a políticas públicas de alimentación y nutrición. Este aumento implicará un coste fiscal adicional este año de 10.000 millones de pesos (US$172 millones), según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“Somos un país capaz de darle de comer a 400 millones de personas y no podemos resolver cómo darle de comer a 15 millones de personas”, lamentó la senadora María Magdalena Odarda, del opositor Frente Progresista, que se preguntó “cómo puede ser que un niño se acueste con la panza vacía o que sus padres dejen de comer para darle de comer a ese niño”.

Aunque en un principio el Gobierno de Macri rechazó la iniciativa al alegar que ya se hace frente a las necesidades sociales, finalmente el presidente, que aspira a la reelección en octubre próximo, apoyó que los legisladores de su coalición se mostraran “disponibles”.

 

 

AGENCIAS