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Jaime Bonilla gobernará Baja California por 5 años

Jaime Bonilla Valdez rindió este viernes protesta como gobernador del estado de Baja California por un periodo de cinco años, ante el Congreso local y con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Poco después de la 01:00 horas, el presidente del Congreso local, Catalino Zavala, al hacer uso de la voz aclaró que Bonilla Baldez rendirá protesta como gobernador constitucional para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2024.

Por su parte, Bonilla Valdez, al rendir protesta como jefe del Ejecutivo estatal se comprometió a desempeñar leal y patrióticamente el cargo “de gobernador que el pueblo me ha conferido”.

Ante la presencia de Olga Sánchez Cordero, quien no habló, Bonilla agregó que gobernará “mirando en todo por el bien de nuestro estado y la prosperidad de la unión y del estado”.

Durante la sesión solemne en el Congreso local, su presidente refirió que hoy es un momento histórico para el pueblo de Baja California, “sin embargo durante los últimos 30 años se traicionaron las esperanzas de los ciudadanos, padeciendo los peores gobiernos neoliberales que defraudaron a la población con políticas antipopulares y con una profunda corrupción que ofende”.

Agregó que hoy asistimos a un acto republicano que simboliza la transformación total del estado, por las libertades, incluyente y democrático, un régimen por la paz, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.

Resaltó que Bonilla Valdez representa en Baja California la cuarta transformación de la vida pública, de las instituciones y del Estado.

“Estamos haciendo historia en Baja California, es por México y es por el pueblo, concluyó.

Cabe destacar que Bonilla asumió el cargo en medio de una serie de controversias presentadas ante la Suprema Corte por su periodo al frente del estado.

 

INE presenta acción de inconstitucionalidad ante SCJN por ‘Ley Bonilla’

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para continuar las acciones a su alcance con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral en Baja California el 2 de junio pasado.

Dicho recurso presentado por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, busca que la Corte declare inconstitucional el Decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California el 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el 17 de octubre contraviene la Constitución federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

“El INE hizo valer sus facultades constitucionales implícitas, considerando que el recurso ante la SCJN se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo”, subrayó.

Recordó que la Constitución señala en su Artículo 105 que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Aseguró que el decreto expedido por el Congreso local pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en el país.

“El INE, con base en el mandato que la Constitución le ha encomendado, continuará con las acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia en nuestro país y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía de Baja California”.

La acción de inconstitucionalidad presentada este jueves se suma a la acción declarativa que el 24 de octubre presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que fue desechada por la Sala Superior.

 

AGENCIAS